Franco un balance histórico de Pío Moa

La norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que en teoría están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978, reconoce perfectamente en su artículo 20 el derecho «a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción». 

No se entiende entonces cómo puede conciliarse la imposición de un determinado relato histórico por medio de una ley totalitaria (Ley de Memoria Histórica) con la vilipendiada Constitución española, norma suprema, como se ha dicho, del ordenamiento jurídico del Reino de España.