domingo, 5 de agosto de 2018

La pena de muerte de David Núñez

Nadie en su sano juicio abraza ya en los tiempos convulsos que corren el catolicismo vaticano, aunque la verdad siga de parte de la Iglesia Católica y Jesucristo no haya dejado de ser el único Dios verdadero. La razón es bien simple: el ser fatuo que figura como sumo pontífice romano, que con la frescura que sólo puede poseer un hereje acaba de cambiar la doctrina católica tradicional sobre la pena de muerte. 

Para el llamado papa Francisco la pena de muerte es inadmisible. Sin embargo, durante dos mil años la Iglesia Católica ha entendido que la pena capital era legítima y conveniente. De hecho, hasta el Catecismo vigente, promulgado por otro supuesto papa del que constan numerosas herejías (Juan Pablo II), no dudó en reconocer que «la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la pena de comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas» (2267). Por tanto, la reciente modificación del Catecismo conciliar no sólo pretende que la ejecución de criminales es contraria al espíritu del Evangelio sino que además la Iglesia Católica ha enseñado a los fieles una doctrina falsa durante dos mil años. 

La triste realidad es que los católicos ignoran en su mayoría que los enemigos de la Iglesia consiguieron infiltrarse en ella sentando incluso a uno de los suyos en la cátedra de Pedro. E ignoran, por supuesto, que la religión vaticana ha suplantado a la vieja fe de los mártires. No cabe duda de que esta usurpación no hubiera sido posible si parte del mundo católico no hubiera apostatado, si los obispos se hubieran mantenido fieles a la tradición, y si los fieles de todo el mundo no se hubieran dejado engañar por los cantos de sirena del liberalismo y el modernismo —que han vaciado la sublime religión cristiana—, y hubieran escuchado a los verdaderos maestros, es decir, a los santos y a los doctores de la Iglesia.

Un estudio especialmente brillante acerca de la materia que nos ocupa fue publicado en Buenos Aires, en 1969, por el eminente sacerdote español David Núñez. Es éste, La pena de muerte, un estudio sociológico, filosófico, teológico e histórico sobre la justicia, legitimidad y conveniencia de la pena de muerte. En el fondo y en la forma se aprecia la formación del padre Núñez en Santo Tomás de Aquino, por su estilo ágil y su profundo contenido doctrinal y teológico. De acuerdo con esto, me atrevo a asegurar que dicho trabajo podría ser el antídoto que necesitan los obispos del mundo entero y los fieles de los cinco continentes en este asunto, y asimismo, el arma arrojadiza con la cual derrotar a la carroña vaticana y su insufrible impostura.

El presente estudio comprende dos partes: una positiva o afirmativa que trata separadamente de la justicia, legitimidad y conveniencia de la pena de muerte, probando por separado cada uno de esos puntos con argumentos particulares; y otra negativa o crítica, en la que metódicamente agrupados se exponen, analizan y refutan los argumentos presentados contra la pena de muerte. Después de todo, en la parte primera y justificativa, se señala que todos los teólogos de la Iglesia Católica que directa e indirectamente han tratado este asunto (con la rarísima expeción de Escoto), y todos los moralistas sin excepción, han aprobado y defendido la justicia y legitimidad de la pena de muerte. Otra clase de razones directas son la constancia de la pena de muerte en el derecho canónico y en los documentos religiosos (pontificios) y civiles, y las mismas sentencias dictadas por los poderes temporales y espirituales. Por supuesto, las razones invocadas por el padre Núñez no son exclusivamente religiosas, sino más bien de orden natural o positivo.

Al final, lo que acaba siendo probado por el autor de este estudio magnífico es que la pena de muerte no sólo es siempre lícita en sí misma, cosa que todavía muchos niegan, sino también enteramente necesaria.

De ahí que el padre Núñez considere estúpidos y malignos muchos de los gobiernos actuales, capaces de dejar enteramente impunes o no castigando como conviene los crímenes más atroces y escandalosos, y esquivando su obligación de tutelar los derechos de los individuos, siendo el primero de tales el de vivir y el de tener los medios para ello, y su libre uso o ejercicio. De esta manera, «así como el médico corta con todo derecho y suma utilidad un miembro gangrenoso que contagia a los demás; así también la Autoridad, por la pena de muerte, con toda justicia y suma utilidad arranca de la sociedad a los perturbadores de la paz común» (p. 31). 

Conste por tanto que la enseñanza tradicional de la Iglesia y el derecho positivo avalan este recurso extremo. Y consten por tanto las maquinaciones vaticanas y la estupidez de los hombres del presente siglo, cuyos criterios y principios son tan relativos como las modas y las opiniones divulgadas por los esbirros de un sistema que tiene por príncipe al ángel caído.


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